Debida diligencia reforzada (EDD): Qué es y cómo funciona

La debida diligencia reforzada (EDD) es un paso avanzado dentro del proceso de Conozca a su Cliente (KYC) y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Se aplica a casos de alto riesgo, como personas políticamente expuestas (PEPs) o transacciones sospechosas, y su objetivo es garantizar que las empresas cumplan con las normativas mientras protegen su reputación.

En este artículo, exploraremos en detalle qué es la EDD, cuándo se requiere y cómo implementarla para fortalecer tu estrategia de cumplimiento.

¿Qué es la EDD?

La debida diligencia reforzada o mejorada (EDD, por sus siglas en inglés) es un proceso más profundo que utilizan las instituciones financieras para asegurarse de que sus clientes no estén involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. A diferencia de los controles estándar, la EDD requiere una investigación exhaustiva del historial del cliente, que incluye verificar múltiples documentos de identidad, identificar al verdadero propietario de los activos y monitorear continuamente sus transacciones. Este nivel adicional de escrutinio ayuda a las instituciones a gestionar los riesgos asociados con clientes de alto riesgo.

El proceso de EDD está guiado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una autoridad global que establece los estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFI determina qué tipos de empresas e individuos deben someterse a este riguroso proceso, asegurándose de que las instituciones financieras tomen las medidas necesarias para cumplir con las regulaciones internacionales y proteger su reputación.

¿Cuándo se requiere la debida diligencia reforzada?

Un control de EDD es mucho más detallado, costoso y consume más tiempo que un control de debida diligencia estándar. Por lo tanto, se recomienda un enfoque basado en el riesgo, donde bancos, fintechs y otras organizaciones relacionadas decidan cuándo activar los controles de EDD tras evaluar al cliente mediante soluciones de análisis de huella digital.

Las señales de alerta que activan la EDD están reguladas por los gobiernos y, en algunos casos, se diferencian de las que asociamos con fraudes comunes. Según la legislación AML (anti-lavado de dinero) sobre debida diligencia reforzada, los siguientes casos están sujetos a este proceso:

• Personas Expuestas Políticamente (PEPs): individuos en posiciones públicas prominentes que requieren transparencia para garantizar la confianza pública.
• Personas de Interés Especial (SIPs): personas vinculadas anteriormente o actualmente con delitos financieros.
• Clientes de países sancionados o embargados.
• Personas sancionadas o embargadas individualmente.
• Clientes involucrados en noticias negativas en medios de comunicación.
• Transacciones inusuales o aparentemente inútiles desde el punto de vista económico.
• Clientes de países incluidos en la lista gris o negra del GAFI o designados como de alto riesgo.
• Clientes particularmente acaudalados.
• Clientes cuyas transacciones son innecesariamente complejas y buscan ocultar al propietario real de los beneficios, incluyendo operaciones bancarias por correspondencia donde el cliente nunca está físicamente presente.

Dado que el cibercrimen está en constante evolución, estos parámetros también cambian. Aunque los legisladores toman en cuenta los efectos negativos del exceso de fricción en la experiencia del cliente, estas modificaciones pueden ser complicadas para las empresas.

¿Por qué es importante la EDD?

La debida diligencia reforzada (EDD) es esencial para clientes de alto riesgo, permitiéndoles acceder a productos financieros que de otra manera no estarían disponibles para ellos. No cumplir con los requisitos de EDD puede resultar en severas sanciones y daño reputacional para las instituciones financieras. Sin embargo, implementar prácticas sólidas de EDD mejora la reputación de las empresas, especialmente en sectores como el fintech y el comercio electrónico, donde la confianza del cliente es fundamental.

¿Cómo funciona el cumplimiento de la debida diligencia reforzada?

Cuando un cliente cumple uno o varios de los criterios requeridos, corresponde al equipo de cumplimiento KYC de la empresa decidir cómo proporcionar a los reguladores una garantía razonable de que este cliente es legítimo, como parte del proceso de debida diligencia reforzada.

Para alcanzar este nivel de garantía, todo el proceso de EDD debe documentarse cuidadosamente y, por parte del cliente, el equipo generalmente requerirá:

• Verificar múltiples documentos de identificación: Asegurarse de que todos los documentos de identidad necesarios sean verificados minuciosamente, lo que podría requerir la entrega en persona.
• Identificar al propietario beneficiario final: Determinar al verdadero dueño detrás de un negocio, especialmente en casos de estructuras corporativas complejas u opacas.
• Realizar una auditoría exhaustiva de activos: Llevar a cabo una auditoría detallada de los activos del beneficiario final, comparando los activos reportados y el flujo de efectivo con las cifras reales para detectar inconsistencias sospechosas.
• Implementar un monitoreo continuo de cuentas: Desarrollar un plan para la supervisión constante de las cuentas del cliente, asegurando el cumplimiento continuo de las regulaciones.

Debida diligencia reforzada vs. debida diligencia del cliente

La debida diligencia reforzada (EDD) es una extensión de la debida diligencia del cliente (CDD), que a su vez es la base de los mandatos de Conozca a su Cliente (KYC). Mientras que los principios de la CDD se aplican a todos los clientes, la EDD es un paso adicional dentro de la CDD que se reserva para casos específicos con un mayor potencial de ser peligrosos o perjudiciales.

En situaciones donde la probabilidad de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero es aparentemente baja, como en cuentas de bajo valor, se puede aplicar la debida diligencia simplificada (SDD), la cual requiere menos información de identificación que la CDD o la EDD.

Debida diligencia reforzada en AML

Bajo las regulaciones de CDD, las empresas deben conservar registros de toda la información recopilada, como documentos de identificación y registros comerciales, durante un mínimo de cinco años. Estos registros deben estar fácilmente accesibles para responder a solicitudes regulatorias y permitir que las autoridades rastreen transacciones individuales, incluyendo detalles específicos como montos y tipos de moneda.

Cuando las medidas de CDD indican posible actividad delictiva, las empresas están obligadas a presentar de manera inmediata un informe de actividad sospechosa (SAR) ante la unidad de inteligencia financiera (FIU) de su jurisdicción. Aunque los requisitos regulatorios varían, es esencial que las empresas se mantengan informadas sobre las reglas específicas en las áreas donde operan.